Protestas en un barrio de Santiago de Chile ante el cambio de ...

A las siete de la mañana de este miércoles, un grupo de vecinos de la calle Namur, una pequeña vía del barrio Lastarria, en plena zona histórica y cultural de Santiago, elevaron una pancarta donde se leía: “Necesitamos ser escuchados, exigimos empatía con el sentir vecinal ¡No al cambio de nombre de nuestra calle Namur!”. En los días previos ya habían colgado un lienzo en contra de la modificación de la calle, la que finalmente quedó fuera de la propuesta, tras el intenso debate que tendrán este miércoles los integrantes del concejo municipal de la comuna de Santiago, que revisará las propuestas de homenaje para las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), al cumplirse los 50 años del golpe de Estado.

El Colegio de Arquitectos, organización que había presentado la propuesta de cambiar el nombre de la calle Namur por el de Ida Amelia Vera Almarza, arquitecta y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenida desaparecida en 1974, decidió modificar su solicitud. En diálogos con los vecinos del Parque Forestal -mediados por el municipio- se decidió no cambiar el nombre de Namur -que alude a una ciudad de Bélgica- y, en su lugar, se propondrá que la plazoleta ubicada en Merced con Monjitas lleve el nombre de la mirista.

La alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, del Partido Comunista, se refirió a estos cambios: “Estos temas debieran poder unirnos a 50 años del golpe”, dijo Hassler. La alcaldesa aseguró que “este proceso ha tenido no solo la participación que está normada a nivel nacional, sino que nace desde las propias iniciativas de organizaciones, de instituciones, de vecinos, vecinas y agrupaciones de familiares. Es un proceso que busca, desde el punto de vista participativo, llevar adelante reconocimientos a personas que han sido importantes en nuestra historia y hacer reparación. Es una invitación a sanar como comunidad, como sociedad”, añadió Hassler.

Desde la municipalidad de Santiago han manifestado que las propuestas del cambio de nombre de estos lugares han sido pedidos por organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones culturales y de derechos humanos, instituciones públicas, universidades y colegios profesionales. Hicieron llegar algunas peticiones, adicionalmente, la asociación de funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Santiago y el sindicato N°1 de honorarios de la municipalidad y la asociación de profesionales y técnicos Pedro de Valdivia. Todas las propuestas han sido coordinadas por un comité interdisciplinario que organiza las actividades del aniversario de los 50 años del golpe de Estado, que se conmemora el 11 de septiembre próximo.

La iniciativa, luego de la modificación por parte del Colegio de Arquitectos, contempla cambiar el nombre de algunos tramos de las calles Santa Mónica, Maule, Delfina, Aconcagua, General Bulnes, Huérfanos, Rosas, Manuel de Amat, además de tres plazoletas y el Puente Loreto.

Dentro de los solicitantes del cambio de nombre de las calles están Paulina Vodanovic, senadora y presidente del Partido Socialista; Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista; y Sebastián Urra, director Nacional de Gendarmería. Esta última institución busca que parte de la calle Rosas lleve el nombre de Littré Quiroga, el director de Prisiones de Allende que fue brutalmente asesinado junto a Víctor Jara en el Estadio Chile.

El exalcalde de la comuna de Santiago, Jaime Ravinet (1990-2000), exmilitante democristiano y actual independiente ligado a la derecha tradicional, se refirió ayer a la actual jefa vecinal, Irací Hassler: “Yo haré campaña para que un año más saquemos volando a esta alcaldesa”.

Las actividades coordinadas desde la Municipalidad de Santiago se suman a la agenda del Gobierno, coordinada por el Ministerio de Culturas, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la que no ha estado exenta de dificultades. A comienzos de julio debió renunciar a su cargo el asesor presidencial para la conmemoración, el escritor Patricio Fernández. Lo hizo tras ser acusado por 162 organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas de haber relativizado el golpe que puso fin a la Administración del socialista Salvador Allende (1970-1973), lo que generó una fuerte controversia al interior de la izquierda.