El imperio farmacéutico, el Lawfare y la detención de Daniel Jadue ...

La guerra jurídica o Lawfare es una práctica utilizada por el poder económico y político, que consiste en el uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática. Ataca liderazgos populares que cuestionan los privilegios y abusos de grupos de poder. En el siglo XXI, utilizada contra los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff y Lula (Brasil), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), entro otros.

Ahora parece haberse trasladado a Chile: afecta al alcalde de Recoleta en Santiago de Chile, Daniel Jadue, denunciado en marzo de 2021 –por la importadora Best Quality– como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), por presunta estafa y mala administración. Las farmacias populares se impulsaron como competencia a las cadenas comerciales privadas.

El pasado lunes 3 de junio, el Juzgado de Garantía de Santiago fijó contra Jadue una medida cautelar de prisión preventiva, arriesgando una condena de hasta 15 años. La jueza estimó que constituía un peligro para la sociedad y un riesgo para el éxito de la investigación, señalando que existía una «presunción de reiteración» si el alcalde Jadue seguía en libertad.

El abogado y académico de la Universidad de Chile Claudio Nash analizó la medida: “El argumento es errado. Por una parte, supone afectar la presunción de inocencia. Por otra, la peligrosidad no se vincula con posibilidad de fuga o afectación del proceso. Además, la resolución tiene un problema de proporcionalidad. Si lo que se quiere es evitar la repetición de actos ilícitos, hay otras medidas que logran el mismo objetivo y son menos lesivas de la libertad personal. En este sentido, parece razonable pensar que la Corte de Apelaciones modificará la cautelar”.

¿Por qué Jadue?

El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia Palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago -un sector popular, algo así como Constitución en CABA–, reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó un impacto positivo en la vida de miles de habitantes de la comuna, implementando las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultural masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, etcétera, con el espíritu de acercar la salud, la vivienda y la cultura al vecino de Santiago. Su capacidad de gestión llevó a que desde 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, y sus políticas sociales y culturales fueran copiadas por otras localidades, incluyendo la más rica de Chile, Las Condes, equivalente a Barrio Norte, porteño. Su eficiente gestión política, comenzó a darle proyección nacional: en julio de 2021 participó de las primarias presidenciales y fue el segundo candidato más votado, sólo superado por Gabriel Boric (actual presidente).

¿Qué es lo que hay detrás de la persecución? Intereses económicos y políticos. La iniciativa de las Farmacias Populares -nacida octubre de 2015-, consiste en un sistema de subsidios, que permite a la municipalidad, comprar los medicamentos a un menor precio, tanto a laboratorios nacionales como del extranjero, reduciendo así el costo de la cadena de distribución, y ofrecer hasta un 70% de descuento en medicamentos al paciente. Afectó intereses oligopólicos y monopólicos -actuaban en forma cartelizada- de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado: Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand. Por medio de laboratorios farmacéuticos intentaron boicotear el proyecto, mediante la elevación de los precios de los medicamentos que entregaban a las farmacias populares. El boicot fue descubierto por una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue.

Otros intereses o negocios tocados son los del sector inmobiliario, donde la municipalidad de Recoleta implementa un sistema de viviendas populares, que permita a la población acceder a la casa propia a menor costo, lo que se complementa con políticas de apoyo a las personas que requieran alquilar una vivienda. Todas estas políticas públicas en beneficio del pueblo de su comuna y sectores más vulnerables, explican la alta imagen positiva de Jadue.

En octubre del año 2019, cuando estalla la revuelta en Chile por el aumento abusivo de la tarifa del subte, los estudiantes y la población en general saltan los molinetes, y los principales blancos de la protesta social fueron también la cadena de supermercados Walmart, los bancos y la cadena privada de farmacias:  Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde. Esto no ocurrió por ejemplo en el estallido social de 2001 en Argentina, donde el blanco de la bronca fueron los bancos y supermercados.

El espejo

En el caso chileno, la imagen negativa de estas cadenas de farmacias -Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde- se fue construyendo durante décadas, vinculada al precio abusivo de los medicamentos, consecuencia del poder monopólico de mercado, que justamente Jadue y las farmacias populares cuestionaron para que la población tenga acceso a los medicamentos a un menor costo. Allí hay un conflicto de visiones: el medicamento o es un bien social (farmacias populares) o una mercancía (cadena privada de farmacias), cuyo objetivo es aumentar ganancias. En la actualidad coexisten las farmacias populares de los municipios y las cadenas comerciales privadas, pero los monopolios como siempre, muestra la historia, van por todo. En Chile está en juego la calidad democrática o ceder ante la presión de los monopolios farmacéuticos, asociados al Lawfare y a los poderes mediáticos de Canal 13 de TV y el diario La Tercera, que condenan a Jadue antes de ser juzgado. El objetivo que persiguen es proscribirlo, antes de las elecciones municipales de octubre de 2024 y presidenciales de noviembre de 2025.

En el caso argentino es necesario recordar que una de las razones del golpe de estado al presidente Arturo Illia en 1966 por el general Onganía, fue el conflicto «estado versus laboratorios». El doctor Illia como médico, entendía la importancia de posicionar al estado como garante del derecho a la salud, y envió al Congreso leyes para el control del precio de los medicamentos. Los medios de comunicación de la época iniciaron una campaña de desprestigio de su figura, que culminó con el golpe de 1966, donde una de las primeras medidas de la dictadura fue derogar las leyes impulsadas por Illia, cediendo así a las presiones de los laboratorios o farmacéuticas.

Diría el escritor Eduardo Galeano: «la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que vendrá». Desde su lugar de prisión Daniel Jadue envía un mensaje: «¡Estoy tranquilo y de pie para las batallas que vendrán!».