¿Chile en regresión ambiental?

La crisis climática y ecológica está comenzando a poner en jaque en Chile a comunidades, ecosistemas y desarrollo productivo y estamos necesitando urgentemente un cambio transformador para conservar naturaleza.

Tenemos que ser capaces de resguardar el capital natural que nos queda, pues la ventana de oportunidad para detener y revertir la pérdida de biodiversidad e impedir que se desencadenen efectos irreversibles en nuestra sociedad y economía, se está cerrando. La inversión y el crecimiento económico no pueden seguir siendo dicotómicos con el medio ambiente y el bienestar humano. Es una contradicción vital.

Semanas atrás, 160 organizaciones ambientales y comunitarias chilenas emitieron una declaración dirigida al Gobierno y al Senado cuestionando la agenda pro-inversión que se está impulsando, señalando que significa un retroceso en materia socioambiental. Se alerta sobre un debilitamiento de los estándares básicos de resguardo.

Eclipsado por la agenda de “permisología” que ha instalado el sector privado en la agenda pública, el Gobierno se ha embarcado en un complejo camino. Bajo el supuesto de que los plazos en permisos y evaluaciones ambientales serían la gran traba que impide la inversión y el crecimiento, se están impulsando diversos proyectos de ley que cruzan peligrosamente las fronteras entre simplificar la inversión y una notoria flexibilización de estándares y salvaguardas socioambientales. Pareciera de a ratos que la discusión girara en torno a la premisa de sacar adelante proyectos a cualquier costo y en cualquier condición.

Si bien existe consenso sobre la necesidad de mejoras hacia una institucionalidad moderna, que dinamice permisos y evaluaciones en tiempo y forma, que mejore procesos e interoperatividad, la agenda pro-inversión que el Gobierno está impulsando a nivel legislativo y territorial, está tomando una senda que va en contra de los principios preventivo y precautorio, vulnerando así el principio de no regresión necesario para el resguardo socioambiental en un escenario de crisis ecológica.

Los proyectos de ley de permisos sectoriales, reforma al SEIA y administración del borde costero y concesiones marítimas, son algunos ejemplos donde se está desequilibrando la balanza a favor del interés privado y en desmedro del resguardo de nuestras comunidades, recursos naturales y bienes públicos. Se comienza a erosionar la institucionalidad ambiental y los acuerdos que habíamos sido capaces de ir construyendo durante los últimos 20 años.

Pero pareciera ser que no se trata de un hecho aislado, ya que esto se da en un escenario de una agresiva arremetida de la industria del hidrógeno “verde” sin las condiciones habilitadoras mínimas, escalada de extractivismo en materia de litio que sacrifica nuestros salares y una falta de compromiso institucional para hacerse cargo de las concesiones de salmonicultura en Áreas Protegidas. Preocupa además la accesoria implementación del Acuerdo de Escazú, la lenta implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la errática Ley de Cambio Climático y el aplazamiento de la Ley de Plásticos de un solo uso, entre otros. ¿Está Chile en un proceso de regresión ambiental?

Si no somos capaces de detener la pérdida de biodiversidad con acciones concretas en esta década, nos costará el doble actuar en la próxima y tomar acción representa importantes oportunidades de negocio e innovación a través de enfoques sostenibles, como lo es la economía positiva para la naturaleza. Según estimaciones recientes dadas a conocer por IPBES, podrían generarse más de 10 billones de dólares estadounidenses en valor de oportunidades empresariales y 395 millones de puestos de trabajo en todo el mundo de aquí al 2030.

En el actual escenario de triple crisis que atravesamos (contaminación, crisis climática y pérdida de biodiversidad) y con los riesgos que esto ya está significando para nuestra sociedad y economía, necesitamos rectificar el rumbo, retomar la senda del diálogo político en base a evidencia técnico-científica, recuperar los mínimos comunes denominadores y garantizar responsablemente el debido equilibrio entre crecimiento y resguardo ambiental.

De lo contrario, en el corto plazo y sin poder todavía dinamizar inversión, estaremos institucionalizando el traspaso de externalidades negativas a comunidades y ecosistemas, profundizando injusticias territoriales y en definitiva ahondando crisis. De mantenerse la trayectoria que hemos visto en el Gobierno y en el Senado, es altamente probable que los mencionados proyectos de ley terminen contribuyendo a profundizar pérdida de capital natural, que los conflictos socioambientales escalen y se incremente la judicialización, aumentando en definitiva los riesgos para la inversión.

Diego Luna Quevedo es especialista senior en política y gobernanza de Manomet Conservation Sciences